La patronal Pimec ha calculado que la interrupción del servicio de Rodalies y el corte de la AP-7 de esta semana, por el accidente de Gelida, generaron un coste diario de 8.952.227,83 euros en el PIB catalán, además de unos costes laborales aproximados de 5.988.688,75 euros, según un comunicado emitido este viernes. La organización ha subrayado que este impacto no solo afecta directamente a la ciudadanía, sino que tiene consecuencias muy relevantes para la economía y el tejido empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor capacidad de adaptación ante incidencias de este tipo.
El Observatorio de la Pyme de Pimec ha calculado estos costes laborales derivados de los retrasos sufridos por los trabajadores, quienes, ante la suspensión de Rodalies, tuvieron que recurrir a medios de transporte alternativos. La estimación se basa en un retraso medio de 60 minutos por persona, sin tener en cuenta a aquellos empleados que pudieron teletrabajar.
Por otro lado, el corte de la AP-7 ha generado costes adicionales a partir del tiempo adicional que los trabajadores han tenido que invertir para llegar a sus puestos de trabajo utilizando rutas alternativas.
Pimec ha criticado la presión que esta situación ha ejercido sobre las empresas y ha señalado que los fallos en el servicio de Rodalies son consecuencia de los déficits de inversión sostenidos a lo largo de los años, lo que ha debilitado la capacidad de la infraestructura ferroviaria para ofrecer el servicio adecuado.
La patronal considera «inaceptable» que las consecuencias de esta falta de inversión recaigan ahora sobre las empresas. A pesar de que la Generalitat aseguró que las ausencias de los trabajadores afectados por la suspensión de Rodalies estaban amparadas por el Estatuto de los Trabajadores como permisos retribuidos y no recuperables, Pimec ha insistido en lo contrario.
Asimismo, Pimec ha señalado que la falta de claridad y los mensajes contradictorios transmitidos por las autoridades han generado confusión e inseguridad jurídica, dificultando la toma de decisiones y aumentando la presión sobre las empresas.
La patronal ha exigido a la Generalitat que no utilice regulaciones pensadas para situaciones excepcionales para trasladar los costes adicionales a las empresas. Además, ha instado al Govern a investigar si las paradas en Rodalies pueden enmarcarse en una posible huelga encubierta, lo que, de confirmarse, podría ser considerado una huelga ilegal.