En los últimos cinco años se han registrado en España más de 78.400 infracciones penales por atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos, según datos del Ministerio del Interior. La estadística refleja un aumento desde 15.397 delitos en 2021 hasta 16.878 en 2024, lo que supone un incremento del 9,6% en el periodo analizado.
La Región de Murcia ha registrado cifras anuales que oscilan entre 433 y 578 delitos de este tipo en los últimos cinco ejercicios completos. En 2021 se contabilizaron 433 infracciones, que aumentaron a 519 en 2022, 553 en 2023 y 578 en 2024. Entre enero y septiembre de 2025 se habían conocido 455 casos, lo que sitúa a la Región en una posición intermedia dentro del conjunto autonómico.
Entre enero y septiembre de 2025 se habían contabilizado 12.645 infracciones, una cifra que anticipa un cierre anual en línea con ejercicios anteriores, por encima de las 16.000. La mayoría de los casos corresponden a agresiones directas contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
El Código Penal recoge estos delitos en los artículos 550 a 554. El artículo 550 establece que “son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave”. El artículo 551 fija penas de prisión de hasta cuatro años, en función del tipo de autoridad afectada.
Datos nacionales y distribución territorial
A escala estatal, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentran algo más del 65% del total de atentados registrados. Madrid lideró la estadística entre 2021 y 2024, con más de 3.000 infracciones anuales, seguida de Andalucía, por encima de 2.800, y Cataluña, con más de 2.600 cada año.
En los nueve primeros meses de 2025, Andalucía encabezaba el recuento con 2.223 casos, seguida de Cataluña 2.174, Madrid 2.147 y Comunidad Valenciana 1.684. En el extremo opuesto se sitúan comunidades como La Rioja, Cantabria, Navarra o Extremadura, además de Ceuta y Melilla, con cifras sensiblemente más bajas.
Sindicatos policiales y asociaciones profesionales mantienen la reivindicación de que su actividad sea reconocida como profesión de riesgo. En noviembre del pasado año denunciaron una “escalada” de agresiones y recordaron casos recientes de ataques a agentes fuera de servicio. Según la asociación Jucil, la Guardia Civil sufre una media de cinco ataques diarios en España.