El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y con los integrantes de su junta directiva, para analizar el impacto de la reciente entrada en vigor del segundo escalón del caudal ecológico del Tajo, fijado en 8 metros cúbicos por segundo.
Tanto el Ejecutivo autonómico como los regantes advirtieron de que esta medida supone un nuevo recorte efectivo al trasvase Tajo-Segura, e implica restar adicionalmente en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales de agua respecto a lo vigente hasta el segundo ciclo de planificación.
Tras el encuentro, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, denunció que este incremento supone un “hachazo” al trasvase y “no sólo carece de justificación técnica sólida, sino que se adopta sin una evaluación real del primer escalón”, dado que el Ministerio “no ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan Hidrológico del Tajo, que es obligatoria”.
“Esto responde a una estrategia clara: la de los recortes progresivos que ponen en riesgo el futuro del trasvase, la agricultura del sureste español y miles de puestos de trabajo”, añadió.
El caudal ecológico de 8 metros cúbicos por segundo implica la detracción adicional de en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales, algo que para Ortuño “es una decisión política que tiene consecuencias económicas, sociales y territoriales muy graves”.
A la vez, el responsable autonómico criticó la falta de transparencia del Gobierno de España, “que sigue sin facilitar información clave sobre concesiones, consumos reales y criterios de explotación en la cabecera del Tajo”.
El Gobierno regional señala, además, la arbitrariedad del régimen de caudales ecológicos, con exigencias muy superiores en el tramo que condiciona directamente el trasvase, mientras en otros tramos regulados de la propia cuenca del Tajo se aplican criterios mucho menos restrictivos: “No hay coherencia técnica ni ambiental, pero sí un claro sesgo contra la cuenca receptora, lo que supone un agravio hacia el Levante español”, afirmó el portavoz.
Durante la reunión se analizó que la entrada en vigor de este nuevo escalón reduce aún más la garantía de los envíos, incrementa la incertidumbre para los regantes y encarece el acceso al agua, sin que existan alternativas viables que puedan sustituir los recursos del trasvase.
Corregir la “deriva” actual
Ante esta situación, Gobierno regional y el Scrats coincidieron en que “el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 debe ser el punto de inflexión para corregir la deriva actual, revisar la metodología de caudales ecológicos y garantizar la compatibilidad real entre la protección ambiental del Tajo y el mantenimiento del trasvase como infraestructura estratégica de Estado”, destacó Ortuño.
Para ello “será necesario la incorporación de datos reales y la activación de mecanismos de coordinación efectiva, además del necesario abandono por parte del Gobierno de España del enfoque ideológico actual, que es el principal obstáculo para la puesta en marcha de una verdadera política hídrica de Estado. Y para eso es imprescindible un Plan Hidrológico Nacional”, añadió Ortuño.
Finalmente, el portavoz reafirmó “la firme posición común de defensa del trasvase Tajo-Segura” y anunció que “seguiremos actuando de forma coordinada en el ámbito político, institucional y jurídico frente a decisiones ideológicas que ponen en riesgo el equilibrio territorial y el futuro del Levante”.