El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha solicitado que la Agencia Tributaria priorice sus esfuerzos de control sobre los fraudes más complejos y sofisticados, que afectan principalmente a grandes entidades y sectores de mayor riesgo, en lugar de centrarse en las pequeñas irregularidades de los autónomos y pymes. Esta petición se produce en el contexto de la implementación de nuevos controles sobre los medios de pago electrónicos a partir del 1 de enero de 2026.
En particular, Gestha se refiere a la nueva obligación de los bancos, entidades de pago y de dinero electrónico de informar mensualmente a Hacienda sobre todos los cobros realizados por autónomos y empresas mediante tarjetas o pagos asociados a un móvil, como Bizum. Este cambio implicará que desaparezca el umbral mínimo de 3.000 euros que actualmente se aplica a los cobros con tarjeta, lo que permitirá a Hacienda tener una visión más detallada de las transacciones realizadas por estos contribuyentes, independientemente del importe.
El sindicato destaca que esta medida, aunque útil para la detección de fraudes, podría resultar en un exceso de fiscalización sobre las actividades de autónomos y pequeñas empresas, que, en muchos casos, no tienen el mismo nivel de complejidad en sus operaciones que las grandes corporaciones. Gestha ha sugerido que Hacienda se enfoque más en los sectores y entidades con fraudes más sofisticados, como los derivados de prácticas financieras complejas o de gran escala.
Asimismo, los técnicos de Hacienda han recomendado a los autónomos que separen claramente los pagos personales y los relacionados con su actividad económica. Esto se debe a que, bajo la nueva normativa, las comprobaciones tributarias distinguirán entre los cobros y pagos efectuados por los autónomos en el ejercicio de su actividad empresarial y aquellos de carácter personal, como las compras privadas o las divisiones de gastos entre amigos o familiares. Esta separación facilitará las investigaciones en caso de discrepancias entre los ingresos declarados y la información bancaria.
La nueva normativa también traerá consigo la obligación de informar anualmente sobre las operaciones realizadas con tarjetas, independientemente de si son empresas o particulares. Si los abonos y cargos anuales superan los 25.000 euros, se informará de todos los movimientos relacionados con estas cuentas, incluidas las retiradas de efectivo, los pagos en comercios y las recargas.
Además, la Agencia Tributaria recibirá mensualmente detalles de las cuentas bancarias y no bancarias de los contribuyentes, lo que incluye información sobre los saldos y los movimientos de las cuentas de pago. Sin embargo, los saldos y los movimientos de estos sistemas solo se reportarán anualmente, en la declaración de diciembre.