El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha instado al Gobierno de España a reclamar a la Unión Europea una moratoria del cierre de los acuíferos hasta 2033.
Lo dijo el martes por la noche en Lorca durante una asamblea abierta organizada por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) previsto para 2027 y afirmó que esa moratoria está permitida por la Directiva Marco del Agua cuando existen razones técnicas y económicas que impiden cumplir los objetivos en esa fecha, y que “es evidente que en este caso existen esos motivos”.
Asimismo adelantó que el Gobierno regional llevará la reivindicación de la moratoria hasta 2033 “a donde sea necesario” y defendió que el Ejecutivo central debe comprometerse con este nuevo plazo, dado que es “lo justo”.
En cuanto a las razones económicas que justifican esa moratoria, López Miras recordó que un estudio de la Universidad de Alicante refleja que el cierre de los pozos traería consigo pérdidas económicas de 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia, además de la pérdida de 28.702 hectáreas agrarias.
Además, López Miras reafirmó que “la postura del Gobierno de la Región de Murcia en materia de agua es la que fijan nuestros agricultores y nuestros regantes”y dijo que el Ejecutivo murciano es “un colaborador más a su disposición y vamos a trabajar juntos, como no puede ser de otra manera”.
Añadió que la Región de Murcia “no puede subsistir sin el 50 por ciento del agua del trasvase y sin el 50 por ciento de sus aguas subterráneas” y subrayó que “no hay nada que pueda compensar esto”.
El máximo responsable autonómico puso sobre la mesa la falta de alternativas del Gobierno de España ante esta amenaza, criticó la “falta de planificación hídrica” y reclamó un Plan Hidrológico Nacional “consensuado con todos”.
Durante la asamblea abierta, los regantes analizaron la doble amenaza que puede representar el año 2027: por un lado, el recorte del trasvase Tajo-Segura, y por el otro, la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se interprete que existe sobreexplotación