La jubilación de la generación del baby boom, formada por los nacidos entre los años 60 y principios de los 70, generará un incremento significativo en el gasto en pensiones hasta 2050, reavivando el debate sobre la sostenibilidad del sistema.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sostiene que las pensiones serán sostenibles siempre que lo sea el conjunto de las Administraciones Públicas, ya que la viabilidad no solo depende de las cotizaciones sociales, sino de la recaudación total del Estado, responsable de garantizar los fondos necesarios para cubrir ese gasto.
Los nacidos en 1960 cumplirán 65 años en 2025 y podrán jubilarse con la pensión completa si tienen cotizados al menos 38 años y medio, justo en un momento en que el mercado laboral está en máximos de ocupación, lo que eleva a 2,34 el número de cotizantes por cada pensionista.
Los años más críticos llegarán en 2030, cuando la población activa comience a descender, según proyecciones de la Airef. Al mismo tiempo, se espera que aumente la participación laboral de mayores de 60 años, tendencia que se mantendrá durante dos décadas, hasta que en 2050 se prevea un repunte de la población en edad de trabajar.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en 2050 habrá 16,6 millones de personas mayores de 65 años, frente a unos 27 millones en edad laboral.
Para vigilar la sostenibilidad, la última reforma de pensiones incluyó una revisión trienal. En 2025 se ha aprobado la primera evaluación, pero la Airef advierte que el mecanismo no considera el posible aumento de las transferencias estatales al sistema, que podrían triplicar su peso en el PIB para 2050.
El Gobierno estima que el gasto en pensiones alcanzará un 14,7 % del PIB en 2050, frente al 12,9 % en 2022, mientras que la Airef eleva la cifra al 16,1 %, y otros centros como Fedea añaden hasta dos puntos más.
Fedea propone medidas para contener el gasto, incluyendo ajustes no solo en el cálculo inicial de la pensión sino también en su revalorización, que actualmente se ajusta a la inflación media anual. Además, no descarta un recargo en la cuota estatal del IRPF para financiar el sistema.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien impulsó la reforma de pensiones como ministro, señaló recientemente que las propuestas de los centros de estudio deben considerar el marco institucional vigente. Defiende que en España no es viable modificar el sistema de reparto, en el que las cotizaciones de los activos financian las pensiones de los jubilados.
Escrivá mantiene que la reforma actual permite afrontar el pico de gasto en 2050 gracias a la mejora de ingresos y los incentivos para retrasar la jubilación, que ya han elevado la edad efectiva de retiro por encima de los 65 años.
En cuanto a la percepción social, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre refleja que solo un 4,1 % de los ciudadanos sitúa el futuro de las pensiones entre sus principales preocupaciones, cifra algo superior al 3,2 % registrado en enero, pero aún muy alejada de otros problemas como la economía, la vivienda, la sanidad y el empleo.