Duro golpe para la economía y agricultura regional. La combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo-Segura supondría la destrucción de más de 20.500 empleos a tiempo completo y se perderían 28.700 hectáreas de regadío en la Región; lo que se traduce en una de cada cinco hectáreas desaparecidas.
Así de rotundo se mostró el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno quien señaló que «la combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo-Segura supondría un golpe sin precedentes para los agricultores y la economía murciana» a lo que añadió que «los datos son contundentes y muy preocupantes».
Un estudio elaborado por la Universidad de Alicante «estima que sólo en la Región de Murcia el coste económico ascendería a 680 millones de euros anuales, lo que supondría el 82% del impacto total previsto en la cuenca del Segura».
El propio estudio apunta, a su juicio, a soluciones «muy claras» que pasan por el desarrollo de infraestructuras hidráulicas «adicionales». La Universidad de Alicante propone, por ejemplo, «una iniciativa que el Gobierno murciano ha puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones, la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano».
Ortuño quien reconoció que se trata «de un golpe directo a la agricultura, que es el motor económico y social de muchas comarcas así como una amenaza que está a la vuelta de la esquina», ha trasladado el informe que ha presentado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, para conocer las consecuencias económicas y sociales que va a tener en la Región el cierre de los acuíferos «previsto para 2027».
«Se acaba el tiempo y el Gobierno de España no ha hecho nada. Pero el problema no sólo se limita al campo. También se verían afectados sectores industriales y de servicios vinculados a la actividad agraria, como la industria agroalimentaria, la comercialización o la logística», subrayó.
En palabras del portavoz del Gobierno regional, el Altiplano sería «una de las comarcas que se verían más perjudicadas por el cierre de los acuíferos»; un escenario al que se suma la situación en la que quedaría la agricultura, por «el hachazo del Gobierno central al trasvase Tajo-Segura con un recorte del 50% a partir de 2027«.
Preguntado sobre frenar el cierre de los pozos, ha asegurado que se utilizarán todos los recursos a su alcance para ello y exigirán al Ministerio que «aporte soluciones reales a lo que puede ser un grave problema».
«El problema es el cierre de los pozos, especialmente perjudicial en la comarca del Altiplano y también el recorte del trasvase Tajo-Segura», remarcó Ortuño, que ha insistido en que «la situación para el campo y la economía murciana es muy grave».
Efectos socioeconómicos en la Cuenca del Segura
Por otro lado, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha trasladado este jueves al Consejo de Gobierno dicho informe detallado sobre el estudio realizado recientemente por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que pone sobre la mesa los efectos socioeconómicos que tendría en la cuenca del Segura el cese previsto para 2027 de la extracción de masas de agua subterráneas.
En materia laboral, las consecuencias serían igualmente devastadoras para la Región de Murcia, con la destrucción de hasta 20.572 empleos a tiempo completo en distintos sectores productivos. En cifras representa el 81,2 por ciento del impacto total en la cuenca del Segura, por lo que la Región «concentraría la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo».
Asimismo, la investigación realizada por la Universidad de Alicante calcula que el cierre de los acuíferos «implicaría la eliminación de 28.702 hectáreas de regadío en la Región, lo que equivale a algo más del 16,5 por ciento de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas». En la totalidad de la cuenca del Segura «las pérdidas ascenderían a 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo«.
El estudio también pone de manifiesto que el impacto «no se limitaría sólo al sector agrícola, ya que también se verían afectados los sectores indirectos asociados, como la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y los servicios relacionados».
De esta forma, el efecto económico del cierre de acuíferos «tendría un efecto muy negativo sobre la economía de las regiones que conforman la cuenca del Segura, y traería consigo una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, al reducirse la rentabilidad de las tierras reconvertidas de regadío a secano».
El Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales, para mitigar en parte estas consecuencias, traslada la necesidad de poner en marcha infraestructuras hidráulicas adicionales que sustituyan los recursos hídricos subterráneos, así como la integración de recursos externos. Otra de las alternativas que propone dicho estudio y que también ha reivindicado en numerosas ocasiones el Gobierno regional es la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano.
El Gobierno regional ha trasladado reiteradamente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la urgencia de buscar alternativas a la prohibición del uso de pozos y acuíferos a partir de 2027, dado que esta medida «supondría un perjuicio irreparable para zonas de la Región de Murcia que carecen de otras fuentes de suministro, como es precisamente el Altiplano».
A esta «amenaza» se une el hecho de que el Gobierno central «prevé recortar un 50 por ciento el agua del trasvase Tajo-Segura destinada al regadío del Levante en 2027″.