El Gobierno ha cancelado un contrato público de alrededor de 10 millones de euros que iba a ser adjudicado a Telefónica para la provisión de equipos de Huawei para la RedIRIS, una decisión que el Ejecutivo ha tomado «en base a criterios de estrategia y de soberanía europea y española», según ha señalado la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz.
El objetivo de la licitación, que se publicó el pasado 24 de julio y para la cual la mesa de contratación propuso a Telefónica como adjudicataria el 25 de agosto, era ampliar la capacidad de transmisión de la RedIRIS hasta 400 gigabits por segundo (Gbps), frente a los 100 Gbps actuales.
«El contrato se cancela por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica. Se va a proceder a elaborar y publicar un nuevo contrato para renovar el equipamiento de una tercera parte de la RedIRIS con nuevo equipamiento, dado que el actual está finalizando su ciclo de vida útil», señalaron fuentes de la cartera de Transformación Digital a Europa Press acerca de la cancelación de la mencionada licitación.
En concreto, la RedIRIS es una infraestructura que en la actualidad se basa en aparatos de la compañía china para enviar, recibir, dirigir y asegurar la información dentro de la red, es decir, el denominado equipamiento IP, que incluye ‘routers’ y ‘switches’, entre otros dispositivos.
En esa línea, la intención del Ejecutivo es lanzar un nueva licitación para renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS debido a un «cambio de estrategia» en torno a esta red de fibra óptica de alta capacidad que da servicio a unos 500 centros académicos y científicos de toda índole, incluso del Ministerio de Defensa, y que cuenta con unos 5 millones de usuarios finales.
De hecho, el Gobierno no descarta sustituir a Huawei como proveedor de parte de los equipos de la RedIRIS, dado que, al ser preguntada sobre ello, González Veracruz se ha limitado a señalar que cuando se tengan las condiciones de la nueva licitación se darán a conocer los pliegos de la misma, por lo que no ha descartado que otra empresa ocupe el lugar de la firma asiática (en el contrato cancelado se especificaba que debían ser equipos de Huawei).
Cabe recordar que ya en 2023 la Unión Europea advirtió de que tanto Huawei como la también china ZTE son proveedores que plantean serios riesgos para la seguridad nacional, mientras que Estados Unidos ha impuesto restricciones comerciales a Huawei por ese mismo motivo.
En este contexto, en los últimos meses ha surgido la polémica en torno a la contratación de Huawei como proveedor del Gobierno en cuestiones que afectan a la seguridad del país, como por ejemplo, la participación de la tecnológica china en el equipamiento que se utiliza para el almacenamiento de las escuchas policiales.
De hecho, la utilización de ese equipamiento por parte del Gobierno español ha suscitado reacciones en Estados Unidos, donde responsables republicanos han pedido a la directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, una revisión de sus acuerdos con España en este ámbito.
Por su parte, China ha pedido a Estados Unidos que no se inmiscuya y ha asegurado que los productos de Huawei cumplen con las leyes y regulaciones de España, que no ha establecido ninguna lista de proveedores de riesgo.
