El derribo de cuatro viviendas en la Algameca Chica, en Cartagena, ha quedado aplazado hasta el próximo 31 de enero, tras una jornada marcada por la tensión y el diálogo entre vecinos, el Ayuntamiento y las autoridades.
Desde primera hora de la mañana, una empresa de demolición, acompañada por agentes de la Guardia Civil y representantes de Servicios Sociales, se han presentado en la zona para ejecutar las demoliciones autorizadas judicialmente. Los vecinos, que habían recibido la información de manera informal a través de terceros y sin una comunicación directa del Ayuntamiento, han reaccionado con indignación.
En respuesta, decenas de personas se concentraban esta mañana, instalando barricadas improvisadas con cubos de basura y ruedas, con el fin de bloquear el acceso de las máquinas para proteger sus hogares.
El ambiente, aunque tenso, se ha mantenido dialogante gracias a la intervención de servicios sociales del Ayuntamiento, que mantuvieron conversaciones con los afectados durante toda la jornada. Finalmente, se ha alcanzado un acuerdo temporal que aplaza los derribos hasta finales de enero, con el objetivo de buscar soluciones habitacionales para las familias afectadas. Tras el pacto, la empresa de demolición, se ha retirado del lugar, dejando a los vecinos con un respiro momentáneo.
Los vecinos, entre los que se incluyen personas con discapacidad y otras en situación de vulnerabilidad, denunciaron que las soluciones ofrecidas por el Ayuntamiento, como ayudas de alquiler limitadas a tres meses, son insuficientes para garantizar una reubicación adecuada. El consistorio, por su parte, sostiene que las demoliciones son imprescindibles debido al riesgo geológico que representan las viviendas, situadas en una rambla con peligro de desprendimientos de rocas.
El conflicto en la Algameca Chica tiene un largo recorrido. Desde hace más de una década, informes urbanísticos calificaron las viviendas como inseguras e inhabitables, y en 2023 un juez autorizó su demolición. Sin embargo, los vecinos critican que no se prioricen medidas para garantizar su reubicación antes de ejecutar las órdenes de derribo.
