Renfe ha reclamado a Talgo por carta los 116 millones de euros correspondientes a los retrasos en la entrega de los trenes Avril de Talgo, que entraron en funcionamiento el mayo pasado.
Esta fecha es dos años y medio posterior a la acordada en el contrato, según han informado fuentes jurídicas próximas a la operación. Por este motivo, la empresa de transporte ferroviario ha solicitado el importe de la sanción, que es equivalente al 20% del contrato para fabricar los treinta trenes de alta velocidad.
La fórmula que usará la empresa pública para lograr el importe de esta sanción será la retención de los abonos que tiene que hacer a Talgo por los pagos pendientes del contrato de los S106, también conocidos como Avril.
La reclamación de los 116 millones de euros supone la ejecución de la penalización recogida en el contrato firmado por las dos compañías y está respaldada por un informe jurídico que señala que la ferroviaria pública está obligada a ejecutar esas penalizaciones.
La noticia se ha conocido justo el día en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha escenificado su apoyo al interés mostrado por Sidenor en adquirir el 29,9% de la compañía Talgo al fondo inglés Trilantic, con su presencia en la fábrica siderúrgica de Basauri (Vizcaya). Allí Puente ha estado acompañado por el presidente de la compañía vasca, José Antonio Jainaga.
Otra reclamación
Además de la cantidad de 116 millones, Renfe anunció otra reclamación por 50 millones de euros por el lucro cesante derivado de las demoras en la puesta en servicio, que se sustanciará más tarde y otros 80.000 euros diarios a partir del 1 de abril hasta la entrega de los trenes, que se produjo a finales de mes.
La carta donde se solicitan los 116 millones señala que las argumentaciones de Talgo para explicar los retrasos en la entrega no justifican tales demoras en la fabricación de los S106. Talgo siempre ha atribuido a causas «de fuerza mayor» y «exógenas» a la compañía las dilaciones en la fabricación, entre ellas, caídas en la producción e interferencias en la cadena de suministro generadas por la covid-19 y otros eventos geopolíticos.
El contrato establecía que las penalizaciones no pueden superar el 20% del valor del contrato. En 2016, Renfe adjudicó a Talgo por 1.281 millones de euros la construcción de 30 trenes de alta velocidad, importe que se eleva a 1.491 millones incluido el mantenimiento.
Los trenes debían haber sido entregados inicialmente a partir de enero de 2021 para entrar en servicio aquel verano en los enlaces entre Madrid, Galicia y Asturias, aunque, tras varias modificaciones solicitadas por Renfe, la fecha pasó a julio de 2022.
Finalmente, el fabricante empezó a entregar los S106 en abril de este año, con dos años de demora, y su circulación por la red ferroviaria se inició el pasado 21 de mayo. A fecha de hoy todavía faltan por entregar siete trenes.
Desde su puesta en circulación, los nuevos trenes sufrieron múltiples averías y provocaron importantes retrasos, especialmente durante los meses de verano.
Mientras, Talgo está inmersa en un proceso de compra que arrancó con una opa del grupo húngaro Magyar Vagon en marzo pasado, que el Gobierno prohibió en agosto alegando razones de seguridad, y que ofrecía 5 euros por acción y valoraba la compañía en 620 millones de euros.
Ahora el tablero está abierto, con una oferta del grupo vasco Sidenor, para comprar una participación del 29,9%, con un precio inferior a los 5 euros, que negocia con el principal accionista de Talgo, el fondo Trilantic, sindicado hasta final de año con las participaciones de la familia Abelló y parte de los fundadores de la compañía, que en conjunto suman el 40% del capital.
Sobre la mesa está también la participación del suministrador de vehículos ferroviario polaco Pesa, que produce locomotoras, trenes regionales y tranvías, aunque no material de alta velocidad, por lo que sus negocios son complementarios. Pesa tiene capacidad industrial para reforzar las posiciones de Talgo, que tiene una cartera de pedidos superior a los 4.000 millones de euros, pero a la que le falta «músculo industrial».
En la ecuación podría entrar también la SEPI, con capital público, para asegurar la españolidad de una compañía que el Gobierno considera estratégica.
