El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha alertado de que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) «se mueven más lento de lo previsto en la economía real» y, con ello, del riesgo de que algunas medidas previstas se queden sin completarse a tiempo.
«Los países de la UE habían utilizado menos de un tercio de los fondos previstos y habían realizado menos del 30% de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos predefinidos», ha explicado la miembro del Tribunal responsable de la auditoría, Ivana Maletić.
El Tribunal avisa de la eventualidad de que los Estados miembros se queden sin posibilidad de agotar o absorber los fondos a tiempo, completar las medidas previstas antes de que venza el MRR en agosto de 2026 y, por tanto, obtener los beneficios económicos y sociales previstos para estos fondos.
De la auditoría que realizó el tribunal, se extrae que al final de 2023, «sólo» se transfirieron 213.000 millones de euros de la Comisión Europea a las arcas de cada país de los 724.000 millones con los que están dotados los fondos.
El organismo puntualiza que estos fondos «no llegaron necesariamente» a los perceptores finales, como las empresas privadas, las empresas públicas de energía o las escuelas.
De hecho, asegura que estos receptores todavía tienen que recibir casi la mitad de los fondos del MRR desembolsados a los quince Estados miembros que facilitaron la información necesaria.
Este retraso, que según explica el Tribunal de Cuentas de la UE se produjo durante los últimos tres años, se produjo también en la presentación de solicitudes de pago a la Comisión Europea.
Al final de 2023, la mitad del periodo contemplado para la ejecución de los fondos, se presentaron el 70% de las solicitudes previstas, por un valor total de 228.000 millones, un 16% menos del esperado (273.000 millones). De este importe, se abonaron unos 182.000 millones de euros a los Estados miembros para el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos al final de 2023.
En España se presentaron el 80% de las solicitudes de pago de subvenciones y préstamos pendientes de presentación al final de 2023.
El organismo cree que, «a menudo», estos retrasos se debieron a la inflación o a la escasez de suministro, a la incertidumbre sobre las normas medioambientales y a la “insuficiente capacidad administrativa”.
Como ejemplo, los auditores señalan que en España el objetivo de renovar 231.000 viviendas residenciales al final de 2023 se retrasó porque la demanda de obra de renovación fue inferior a lo previsto a causa de la inflación y, en particular, del fuerte aumento en el precio de las materias primas.
En su reacción, la Comisión Europea cogió con «satisfacción» este informe de los auditores «en general positivo» y manifestó su compromiso en el «buen uso» de los fondos «antes de la fecha límite de 2026», dijo Bruselas.
El Ejecutivo comunitario está trabajado estrechamente con los Estados miembros para apoyar «su absorción oportuna y eficaz» de los fondos y para garantizar que lleguen a los ciudadanos y las empresas «lo más rápido posible».
En términos de hitos y objetivos, según el Tribunal de Cuentas de la UE, al final del año pasado, se presentaron para su pago menos del 30% del total de más de 6.000. Esto, argumenta el organismo, implica que todavía falta por cumplirse un número significativo de ellos, «posiblemente los más difíciles».